*Publicado en E-Consulta. 12 de noviembre de 2006.
El
tema de la transparencia y la rendición de cuentas está presente en la opinión
pública de nuestro país desde hace unos años en que inició el proceso de
transición democrática que aún se vive como un camino frágil y lleno de
obstáculos frente a una cultura autoritaria que tiene en el ocultamiento de la
información y en la nula presentación de resultados a la sociedad, una de sus
principales fuentes de sustento.
Al
mismo tiempo, y por un período quizá mucho más largo, se viene haciendo en el
campo educativo la crítica a la enseñanza tradicional, al autoritarismo del
profesor y a la condición de objeto que se asigna al estudiante en este tipo de
educación.
En
todo régimen que aspire a llamarse democrático, tienen que existir normas y
mecanismos que obliguen a los gobernantes –y en muchos sentidos también a los
particulares que ofrecen un servicio público- a hacer transparentes y abiertos
sus procedimientos, políticas y decisiones en la aplicación de los recursos que
se les asignan y a presentar a la sociedad sus objetivos, estrategias, acciones
y resultados para ser evaluados.
No
existe democracia si no existe transparencia, es decir, si las normas y
políticas se deciden arbitrariamente, si las acciones se realizan de manera
oscura y si los recursos se aplican discrecionalmente.
Tampoco
hay democracia si los gobernantes no asumen la responsabilidad de rendir
cuentas sobre los resultados de los programas y acciones que se emprenden
buscando el beneficio social.
En
el caso de los particulares que producen un bien o prestan un servicio, hace
tiempo también que se vienen desarrollando normas, mecanismos y regulaciones
que obligan a estos particulares a transparentar la información acerca de los
insumos y procedimientos de elaboración de sus productos (señalar los
ingredientes en el empaque de una medicina o alimento, los componentes de una
prenda de vestir, etc.) y de alguna manera también a rendir cuentas de que la
información que presentan sea verídica (la Procuraduría Federal de Defensa del
Consumidor es una institución ante la cual pueden presentarse demandas en caso
de que los artículos no tengan las especificaciones prometidas).
En
el tema de la educación tradicional, se hacen muchos esfuerzos en la formación
de los profesores en una nueva mentalidad o paradigma más centrado en el
aprendizaje que en la enseñanza, más centrado en los estudiantes que en el
profesor. Se realizan procesos de capacitación en nuevas teorías y métodos de
aprendizaje y se hace investigación educativa permanente.
Sin
embargo, a pesar del impulso que se ha tratado de dar a la cultura de la evaluación,
a pesar de la existencia del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y del recientemente autónomo Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación
(INEE), pocas veces se hace la relación entre educación moderna y transparencia y rendición de cuentas.
En
efecto, no basta con cambiar la teoría pedagógica ni el método de
enseñanza-aprendizaje para que el profesor deje de ser un docente tradicional y
empiece a estar “a la altura de los tiempos” actuales que vivimos.
Es necesario un cambio cultural que modifique
la visión predominante que tienen nuestros docentes acerca de su papel
quasi-omnipotente en el aula y uno de los aspectos que implica este cambio de
visión sobre su propio papel, es el del imperativo de transparencia y rendición
de cuentas.
Si bien el docente no
aplica directamente recursos económicos en su trabajo cotidiano, sí está
haciendo uso de recursos importantísimos no renovables como son el tiempo de
vida y las capacidades de las nuevas generaciones de mexicanos y sin duda
haciendo que los recursos económicos –sean de origen público o privado- que se
aplican al sistema educativo redunden en resultados social y humanamente
valiosos o inútiles.
¿Qué tanto brinda el
profesor información completa, verificable y pertinente sobre sus objetivos,
estrategias, acciones y resultados en el aula a los mismos estudiantes, a los
padres de familia, a las autoridades educativas más allá de formas burocráticas
que muchas veces se llenan por cumplir un requisito?
¿En qué medida tenemos en
México la apertura, los mecanismos y la madurez social para hacer pública la
información sobre la evaluación de resultados del desempeño educativo de manera
que se conozcan las mejores las peores prácticas educativas?
¿Qué tanto existe esta
apertura, mecanismos y madurez social para hacer públicos los resultados del
rendimiento educativo escuela por escuela, región por región, universidad por
universidad, para que la sociedad esté informada sobre la calidad de nuestra
educación con mayor detalle (como se hace ya en países latinoamericanos como
Chile, por ejemplo)?
Mientras no exista
transparencia y rendición de cuentas en nuestra educación, difícilmente
podremos aspirar a tener una educación realmente moderna y mucho más
difícilmente podremos lograr una verdadera democracia en nuestro país.
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