En este mes de
junio empezaría el proceso de evaluación universal de los docentes del país,
acordado y firmado por la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) como parte de los puntos fundamentales de la Alianza por la Calidad de la
Educación (ACE).
Sin embargo, hace ya unas semanas que primero los maestros
disidentes del sindicato, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación se manifestaron con marchas en la ciudad de México y en otras
ciudades donde tienen mayor número de seguidores para exigir que se derogara
esta medida. Posteriormente los maestros afiliados al SNTE empezaron a
manifestar la misma oposición hasta que la profesora Gordillo afirmó
categóricamente en Baja California que el SNTE se oponía a la evaluación a
pesar de que ella avaló con su firma este proceso.
La posición
oficial en las declaraciones tanto de la CNTE como del SNTE es que los maestros
del país no se oponen a ser evaluados sino a la forma, para ellos incorrecta en
que se va a realizar la evaluación y a la posible afectación de sus derechos
laborales como resultado de la misma.
Según lo
manifestaba el jueves pasado uno de los dirigentes del SNTE en una entrevista
radiofónica, lo que los docentes exigen a las autoridades educativas es que se
cree un instituto de evaluación totalmente autónomo del gobierno para que las
evaluaciones sean objetivas y de carácter formativo y no tengan consecuencias
laborales y además, que los procesos de capacitación y actualización del
magisterio que se realizan, se planeen adecuadamente y no en la forma actual en
la que miles de profesores reciben talleres que luego “multiplican” o replican
entre grupos de sus compañeros.
“La evaluación no
duele” ha sido el lema manejado por el movimiento ciudadano “Por la educación”
en una campaña que trata de impulsar, como parte de otras reformas
fundamentales que buscan que el SNTE tenga las facultades y obligaciones que
corresponden a un sindicato y que la SEP recupere la autoridad en los campos
que le competen y que ahora están tomados por la dirigencia sindical.
La unanimidad
entre los académicos, los movimientos y asociaciones civiles y la opinión
pública en pro de la evaluación proviene de varios factores: por una parte, de
la reiterada constatación en pruebas nacionales e internacionales de la mala
calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes del país. Por otra
parte, por la visión cada vez más compartida de que la evaluación es un proceso
necesario para la mejora continua y para la toma de decisiones en cualquier
trabajo e institución.
Prácticamente en
todas las actividades profesionales, técnicas o prácticas, se instrumentan
ahora procesos de evaluación. Se evalúa a los académicos en las universidades,
a los políticos a través de encuestas de opinión, a los empleados de cualquier
empresa y hasta a los establecimientos comerciales como hoteles y restaurantes.
¿Por qué no se ha de evaluar a los profesores que tienen un trabajo de altísima
responsabilidad social y son en última instancia servidores públicos?
Los mismos
profesores hacen continuamente evaluaciones a sus estudiantes. ¿Con qué
autoridad moral pueden evaluar a los alumnos si ellos no se someten a procesos
de evaluación de tu eficacia docente?
Es indudable que
la evaluación es necesaria en dos vertientes: Por un lado, la vertiente
formativa que tendría como finalidad detectar las necesidades de formación de los
profesores para instrumentar procesos de actualización y mejora continua. Por
otra parte, la vertiente de toma de decisiones laborales que requeriría que la
contratación, promoción y remoción de los docentes no estuviera en manos del
SNTE sino de la SEP que es la autoridad educativa en el país. Ambas
evaluaciones son indispensables y no deben mezclarse, pero tampoco deben
dejarse de lado por presiones políticas. Si el proceso inicial de evaluación
tiene deficiencias hay que mejorarlo, pero no es pertinente para el país
posponer o aún echar abajo un avance en este sentido.
Para ello es
necesario convencer al SNTE de que la evaluación no duele cuando se tiene una
actitud abierta a la mejora y centrada en educar mejor a los alumnos. Aunque
sin duda la evaluación duele si de lo que se trata es de mantener los
privilegios de una cúpula sindical opaca, que no rinde cuentas y que piensa más
que en los niños, en la “estrategia política”, como declaró su lideresa
abiertamente en “De panzazo”.
